Hace unas semanas, cuando el Covid-19 apareció en nuestro escenario sociopolítico, trascendió que algunos gobernadores provinciales habían decidido cerrar las fronteras de sus respectivas provincias, como respuesta a la crisis desatada por aquel evento. En algunas de ellas, de hecho, ciertos intendentes y presidentes comunales procedieron a clausurar los accesos de las localidades a su cargo. Proceder, éste, que -por ejemplo- llevó al propio Gobierno de la provincia de Santa Fe a intimar el cese inmediato de tales clausuras, bajo apercibimientos de iniciar las correspondientes acciones penales.

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